La ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho. Para ello, además de la tramitación presencial de expedientes, los diferentes organismos públicos deben garantizar la tramitación electrónica de los mismos, con las mismas garantías y servicios. 
Se llama “Tramitación Electrónica”, a la utilización de las nuevas tecnologías, como forma de acercar la administración al Ciudadano, y a su vez de agilizar el proceso burocrático inherente a cualquier tramitación sin necesidad de acercarse físicamente a las oficinas de la administración.